La primera modificación aplaza de 2027 a 2028 la elección de integrantes del Poder Judicial Federal y busca corregir aspectos de la reforma judicial aprobada en 2024. Para su validación se contó con el respaldo de al menos 25 congresos estatales y de la Ciudad de México.
Entre los cambios aprobados destaca la posibilidad de que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata, Mónica Soto, Alfredo Fuentes y Reyes Rodríguez, participen en los comicios judiciales previstos para 2028.
Asimismo, la reforma establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se integrará en dos secciones y reduce de nueve a ocho años la duración de los cargos de magistrados y jueces que resulten electos en la jornada de junio de 2028, concluyendo sus funciones en 2036.
La segunda reforma modifica el artículo 41 de la Constitución para incorporar una nueva causal de nulidad de elecciones cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera en los procesos electorales mexicanos.
La propuesta, impulsada por el diputado Ricardo Monreal, fue respaldada por la mayoría de los congresos locales. Sin embargo, partidos de oposición como PAN y PRI cuestionaron el alcance de la redacción al considerar que el concepto de intervención extranjera podría interpretarse de manera ambigua y discrecional.
Durante la sesión, legisladores del PRI y PAN manifestaron su rechazo dando la espalda a la Mesa Directiva mientras se realizaba la declaratoria de aprobación de las reformas.
La protesta generó un intercambio de señalamientos entre legisladores. La diputada de Morena, Beatriz Navarro Pérez, criticó la acción de la oposición y la acusó de actuar en contra de los intereses nacionales.
Por su parte, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, explicó que la protesta respondió al desacuerdo con la permanencia de cuatro magistrados electorales y al uso del argumento de soberanía nacional para defender a funcionarios señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Con la declaratoria emitida por el Congreso, ambas reformas quedan formalmente incorporadas al marco constitucional mexicano.