La empresa tecnológica Territorium Life, que recientemente se ubicó en el centro de la polémica por las severas irregularidades registradas en el primer examen de admisión en línea de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se encuentra inmersa en un nuevo escándalo. Ahora, la compañía ha sido señalada por ser la operadora técnica de una plataforma educativa del gobierno federal que presenta graves fallas de seguridad, permitiendo a los usuarios emitir certificaciones con validez oficial sin la necesidad de haber completado, o siquiera iniciado, los cursos correspondientes.
El portal en cuestión es SaberesMX, un proyecto de capacitación ciudadana que fue anunciado de manera oficial por la presidenta Claudia Sheinbaum en noviembre del año pasado. De acuerdo con información revelada por el periodista Claudio Ochoa a través de Latinus Diario, una fuente documentó la vulnerabilidad del sistema informático, la cual hace posible aprobar automáticamente cualquier temática impartida en el sitio. La participación directa de Territorium Life en el desarrollo y administración de esta plataforma fue descubierta tras un análisis de los datos en el código base de la página, y quedó plenamente confirmada al figurar la empresa en el aviso de privacidad oficial del sitio gubernamental.
Este nuevo hallazgo informático agrava la crisis de credibilidad de la compañía, cuyo software de evaluación fue severamente vulnerado durante el reciente proceso de ingreso a nivel licenciatura de la máxima casa de estudios del país. En aquel episodio, las deficiencias en el sistema de vigilancia e inteligencia artificial de Territorium Life facilitaron que múltiples aspirantes cometieran actos de trampa para asegurar un lugar. La magnitud del fraude fue tal, que obligó a las autoridades de la UNAM a implementar de emergencia una prueba de control presencial para intentar rescatar la equidad del concurso de selección.
Con la revelación de estas vulnerabilidades críticas en el portal SaberesMX, se abre un nuevo frente de cuestionamientos hacia las autoridades federales sobre los criterios de licitación y evaluación técnica que se aplican al momento de confiar la infraestructura digital, la validación de documentos oficiales y el futuro educativo del país a proveedores privados con antecedentes de fallas operativas.