Las evasivas y los letreros de deslinde legal tienen los días contados para los operadores de estacionamientos en la capital del país. El Congreso de la Ciudad de México aprobó una histórica reforma que obligará a los dueños de estos establecimientos, incluidos los que operan dentro de grandes plazas y centros comerciales, a hacerse totalmente responsables por cualquier tipo de daño, altercado, robo total o extracción parcial de autopartes que puedan sufrir los vehículos mientras se encuentren en sus instalaciones. La iniciativa transitó sin contratiempos en el recinto legislativo, logrando un contundente respaldo unánime de 54 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención.
Para garantizar que esta protección a los usuarios no se quede como una simple promesa en papel, la nueva disposición legal exige estrictamente que todos los estacionamientos públicos contraten y mantengan vigente una fianza o un seguro de responsabilidad civil. A través de este mecanismo financiero, las autoridades capitalinas buscan asegurar que exista un fondo real para cubrir de manera inmediata la reparación del daño o la indemnización correspondiente, evitando que los automovilistas enfrenten procesos desgastantes y asuman gastos que no les corresponden tras pagar por un servicio de resguardo.
El impacto de esta reforma promete cambiar radicalmente la movilidad y la seguridad patrimonial en la metrópoli. De acuerdo con las estimaciones oficiales presentadas durante la discusión legislativa, actualmente operan alrededor de dos mil 100 estacionamientos públicos distribuidos en las distintas alcaldías de la ciudad. Esta inmensa red de infraestructura privada concentra un aproximado de seis millones de cajones, los cuales diariamente reciben a todo tipo de vehículos y que, hasta ahora, operaban bajo un esquema de protección casi nulo para el cliente.
Los administradores y dueños de estos espacios tendrán algunos meses de gracia para adquirir sus pólizas y ajustar sus manuales de operación. Según lo estipulado en el decreto, la medida entrará en vigor de manera oficial el próximo 15 de noviembre de 2026. A partir de esa fecha, quedará estrictamente prohibido que los estacionamientos públicos intenten deslindarse de los siniestros ocurridos bajo su techo, otorgando por fin a los conductores de la Ciudad de México el respaldo jurídico y económico que habían exigido durante décadas.