Fiscalía de Guerrero investiga a Abelina López por presunto cohecho tras exhibir collar de lujo
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha dado un paso decisivo al abrir la carpeta de investigación 12022200300020071125 contra la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez. El detonante ha sido una pieza de alta joyería de la firma francesa Van Cleef & Arpels, cuyo valor en el mercado asciende a los 227 mil pesos, y que la funcionaria lució públicamente en una sesión de Cabildo.
El "regalo del pueblo" que terminó en denuncia
El proceso legal se originó a raíz de una denuncia interpuesta por el excandidato Ramiro Solorio Almazán, quien sostiene que la recepción de tal obsequio viola las leyes de responsabilidades administrativas:
La orden de presentación: La Fiscalía ya ha girado una orden para que López Rodríguez comparezca y rinda su declaración oficial sobre los hechos.
Argumento de la defensa: Ante los primeros cuestionamientos, la alcaldesa afirmó que el collar fue un "obsequio del pueblo" que la ama, argumentando que no podía rechazar las muestras de cariño de la ciudadanía.
Marco Legal: El Código Penal de Guerrero establece penas de hasta 16 años de prisión por cohecho cuando el beneficio recibido supera mil veces el valor de la UMA, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Avances de la investigación y testigos
La Fiscalía ha comenzado a robustecer el expediente con las primeras diligencias técnicas:
Acreditación de funciones: Se ha solicitado al Instituto Electoral (IEPC) la documentación que confirma la titularidad de López Rodríguez en el Ayuntamiento.
Testimonios clave: Al menos dos testigos presenciales ya han comparecido ante las autoridades para declarar sobre el uso y la exhibición de la joya.
Historial de señalamientos: Este caso se suma a investigaciones previas de la Auditoría Superior del Estado (ASE) relacionadas con presuntas irregularidades en el manejo de fondos para obra pública durante el ejercicio 2023.
Este proceso marca un punto crítico para la administración municipal en el inicio de 2026, mientras la opinión pública debate sobre los límites entre el "afecto ciudadano" y las obligaciones de transparencia de los servidores públicos.