Al menos una decena de políticos, en su mayoría de Morena, se han puesto en contacto con autoridades estadounidenses en las últimas semanas para negociar acuerdos de cooperación y protegerse de futuros señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado. La información se da a conocer tras las acusaciones formales del Departamento de Justicia contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
De acuerdo con un reportaje del diario The New York Times publicado este sábado, al menos diez funcionarios activos y en retiro, en su mayoría de Morena, han sostenido conversaciones confidenciales con las autoridades de Estados Unidos para buscar un acuerdo de cooperación.
Citando a ocho personas con conocimiento del tema, el artículo señala que los funcionarios se han ofrecido como informantes contra otros integrantes de su partido mientras esperan un trato que los proteja.
"Muchos de estos funcionarios buscan adelantarse a las investigaciones que temen que pronto puedan centrarse en ellos"
— Fuentes citadas por The New York Times
El artículo, firmado por Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer, indica que no se revelaron nombres, pero apuntan que se trata de gobernadores y miembros del Congreso, en su mayoría de Morena.
La revelación ocurre en el marco de las acusaciones formales del Departamento de Justicia (DOJ)contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios de su administración por presuntamente tener nexos con el Cártel de Sinaloa.
Dos exfuncionarios ya se han entregado a la justicia estadounidense:
El general en retiro Gerardo Mérida, exfuncionario del gobierno de Rocha Moya en Sinaloa, ya ha declarado en Nueva York
El exsecretario de Finanzas de Rocha Moya, Enrique Alfonso Díaz Vega, también se entregó a la justicia del país vecino
La publicación del NYT se da días después de que se revelaran audios donde la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, sostuvo una llamada con un grupo de personas que le ayudarían frente a las sanciones que el gobierno estadounidense pudiera "presentar en breve", de acuerdo con el material difundido por el periodista Héctor de Mauleón.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado los señalamientos y ha calificado como "injerencia extranjera" las investigaciones contra sus compañeros de partido.
La administración federal ha insistido en la presentación de pruebas contra las acusaciones así como en negar una posible entrega a Estados Unidos de los funcionarios señalados.