El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró este 30 de enero de 2026 que el gobierno federal no mantiene ninguna investigación abierta contra Rubén Rocha Moya. Mientras tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que Estados Unidos aún no entrega las pruebas solicitadas sobre las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa.
Durante la conferencia matutina, Omar García Harfuch reiteró que las autoridades mexicanas no han detectado conductas ilícitas relacionadas con Rubén Rocha Moya.
El titular de Seguridad afirmó que, durante la administración de Claudia Sheinbaum, existió coordinación con el entonces gobernador de Sinaloa en operativos y acciones de seguridad.
“No se detectó conducta ilícita y estuvimos operando todo lo que va de la administración con resultados”, declaró García Harfuch.
Ante la insistencia de la prensa sobre si existe alguna investigación abierta en México, respondió de forma directa:
“Por parte de nosotros, no”.
Las declaraciones del funcionario mexicano contrastan con las recientes acusaciones surgidas en Estados Unidos contra Rocha Moya y otros nueve sinaloenses.
Según señalamientos dados a conocer por autoridades estadounidenses, existirían presuntos vínculos con “Los Chapitos”, una de las facciones del Cártel de Sinaloa.
Hasta el momento, el gobierno mexicano sostiene que no ha recibido documentación oficial que respalde dichas acusaciones.
Por separado, Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, informó que México continúa esperando información por parte del Departamento de Estado estadounidense.
Evidencia formal sobre las acusaciones.
Información oficial sobre las investigaciones.
Detalles de los señalamientos contra funcionarios sinaloenses.
“No hemos recibido respuesta”, señaló Velasco sobre la nota diplomática enviada a Washington.
Otro elemento que ha llamado la atención es la ausencia pública de Rubén Rocha Moya desde que solicitó licencia como gobernador de Sinaloa.
De acuerdo con el reporte, tampoco el senador Enrique Inzunza ha reaparecido en actividades legislativas presenciales, limitando su comunicación a publicaciones en redes sociales.
Ese contexto ha incrementado las especulaciones políticas alrededor del caso, aunque hasta ahora no existen procesos judiciales abiertos en México contra ambos funcionarios.
El tema ocurre en medio de una etapa delicada en la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al crimen organizado.
Mientras Washington endurece sus señalamientos contra integrantes del Cártel de Sinaloa, el gobierno mexicano insiste en la necesidad de recibir pruebas formales antes de emitir conclusiones.
La situación también añade presión política al gobierno federal, particularmente en un estado como Sinaloa, donde la seguridad se ha convertido en uno de los temas más sensibles de la agenda nacional.
Por ahora, el caso permanece marcado por dos versiones: las acusaciones difundidas en Estados Unidos y la postura oficial mexicana que asegura no contar con elementos para investigar a Rocha Moya.