La administración adjudicó 150 millones de dólares a una firma texana con vínculos conservadores, desatando la alarma de defensores ante el riesgo de deportaciones masivas por falta de un debido proceso.

En medio de una intensificada campaña de deportaciones a nivel nacional, el gobierno del presidente Donald Trump adjudicó un contrato de 150 millones de dólares para la asistencia legal de niños migrantes no acompañados a Burke Law Group, un pequeño bufete con sede en Houston, Texas. La decisión ha generado una profunda preocupación entre las organizaciones de asesoría jurídica que históricamente han representado a estos menores, dado que la firma posee estrechos vínculos con la actual administración, pero una escasa experiencia comprobable en derecho migratorio.

El acuerdo, anunciado la noche del martes y programado para entrar en vigor el próximo 15 de agosto con una duración de un año, se otorgó bajo la figura de un "acuerdo cooperativo de fuente única". Este mecanismo permitió al gobierno eludir el proceso competitivo de licitación estándar sin ofrecer una justificación pública. De acuerdo con la información institucional del propio bufete, únicamente dos de los 25 abogados que conforman su plantilla cuentan con experiencia relevante en temas migratorios. En contraste, la firma está integrada mayoritariamente por abogados corporativos ligados a causas conservadoras, incluyendo a su fundadora, Marcella Burke, exfuncionaria de la Agencia de Protección Ambiental durante el primer mandato de Trump; a Justin Shubow, antiguo titular de la Comisión de Bellas Artes; y al destacado académico conservador Ilya Shapiro.

El impacto de esta adjudicación es mayúsculo. Los niños que cruzan la frontera sin un adulto son considerados una población altamente vulnerable y, en virtud de normativas como la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata de 2008, el gobierno federal está obligado a facilitarles representación legal. Hasta el pasado viernes, esta labor recaía en una red de casi cien proveedores a nivel nacional. Michael Lukens, director del Amica Center, calificó la nueva contratación como "perturbadora y sorprendente", advirtiendo que es el presagio de un escenario donde los menores carecerán de un debido proceso y de una oportunidad real de defensa en los tribunales frente al Estado.

A la inexperiencia del nuevo contratista se suma un vacío de cobertura. Las organizaciones civiles señalaron que este acuerdo ampara exclusivamente a los cerca de 1,800 menores que actualmente se encuentran en albergues del gobierno, dejando en la incertidumbre a otros 22 mil niños que residen con familiares o patrocinadores. Esta crisis contractual ocurre además en un contexto de tensión financiera y ética; los antiguos proveedores legales denuncian que desde noviembre han enfrentado obstáculos para recibir sus reembolsos y acusan al gobierno de exigirles información confidencial de sus clientes, una petición que han rechazado por principios éticos.

Los efectos de esta transición ya han comenzado a generar un caos operativo en el sistema judicial estadounidense. A la par de que los tribunales han acelerado los procesos programando decenas de casos simultáneos, se han reportado incidentes de confusión generalizada en ciudades como Chicago y Houston. Abogados defensores han denunciado la irrupción repentina en las audiencias de litigantes externos que, bajo el argumento de cubrir una "brecha en los servicios jurídicos" a petición de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, se presentan con información privada de los menores. Todo ello configura un panorama de incertidumbre jurídica que amenaza directamente los derechos de miles de infantes en proceso de deportación.