Un tribunal federal en Washington suspendió temporalmente las medidas que prohibían a Francesca Albanese entrar a Estados Unidos y bloqueaban sus activos financieros. La resolución advierte que las sanciones podrían violar la libertad de expresión. El gobierno de Trump defiende su postura y acusa a la funcionaria de antisemitismo.
El juez federal de Washington Richard León dictó este miércoles una suspensión cautelar a las sanciones que el gobierno de Donald Trump impuso en julio de 2025 contra Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados.
La medida, que tiene carácter temporal mientras se resuelve el fondo del caso, deja sin efecto por ahora:
La prohibición de entrada a Estados Unidos
El bloqueo total de sus activos en el sistema financiero estadounidense
"La libertad de expresión siempre es del interés público", destacó la propia Albanese al anunciar la decisión en su cuenta de X.
El juez sustentó su decisión en que las sanciones podrían vulnerar la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, al estar dirigidas contra el contenido del discurso de la relatora. Esto exige "el más alto nivel de escrutinio", según la resolución consultada por EFE.
La demanda fue interpuesta por Massimiliano Cali, esposo de Albanese, y su hija —ciudadana estadounidense— el pasado 27 de febrero. En el recurso argumentaron que las medidas violan los derechos a la libertad de expresión y al debido proceso consagrados en las enmiendas Primera, Cuarta y Quinta.
El texto de la denuncia advierte que las sanciones son una "herramienta poderosa" contra terroristas y criminales, pero que "se abusa de ellas cuando buscan silenciar puntos de vista desfavorecidos y violar los derechos constitucionales de personas que no son del agrado del Gobierno".
A principios de 2026, el Departamento de Estado reiteró su posición en un comunicado, defendiendo las medidas contra Albanese. El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó las sanciones en julio de 2025 al anunciarlas:
"La campaña política y económica de Albanese contra Estados Unidos e Israel ya no será tolerada. Siempre apoyaremos a nuestros socios en su derecho a la legítima defensa."
Rubio acusó a la relatora de haber "apoyado abiertamente el antisemitismo y el terrorismo, y haber recurrido al 'lawfare' (guerra jurídica)" contra Estados Unidos y sus intereses.
El contraste: Mientras el tribunal advierte sobre una posible violación a la libertad de expresión, el gobierno sostiene que las sanciones son legales y responden a conductas que considera inaceptables.
Las sanciones contra Albanese —quien ha acusado duramente a Israel de cometer crímenes de guerra y genocidio en la Franja de Gaza— generaron rechazo desde su anuncio:
António Guterres, secretario general de la ONU, las calificó de "inaceptables" y un "peligroso precedente"
Amnistía Internacional y Human Rights Watch también condenaron las medidas
Albanese, por su parte, afirmó entonces que las sanciones eran "la culminación de un acoso que es realmente innecesario".