En una resolución de carácter cautelar, el tribunal de Washington paralizó los efectos de las medidas impuestas por la Casa Blanca en 2025. El juez Richard León argumentó que las sanciones parecen estar dirigidas específicamente contra el discurso de Albanese —quien acusó a Israel de genocidio en Gaza—, lo que exige el más alto nivel de escrutinio constitucional.
La batalla legal entre la administración de Donald Trump y la relatora de las Naciones Unidas, Francesca Albanese, dio un giro este miércoles. Tras una demanda interpuesta por su esposo y su hija (ciudadana estadounidense), la justicia determinó que el Gobierno no puede utilizar sanciones financieras para silenciar puntos de vista que le resulten incómodos.
La suspensión temporal de estas sanciones tiene efectos inmediatos para la abogada italiana:
Libertad de movimiento: Se levanta, por ahora, la prohibición que le impedía entrar a territorio estadounidense.
Desbloqueo financiero: La experta recupera acceso a sus activos y al sistema bancario de EE. UU., el cual estaba totalmente cerrado por órdenes del Departamento de Estado.
Interés público: El juez destacó que proteger la libertad de expresión es siempre un asunto de interés nacional, independientemente de si el discurso agrada o no al Gobierno.
A pesar del fallo, la administración de Trump mantiene su retórica hostil hacia la relatora:
Acusaciones de Marco Rubio: El Secretario de Estado ha señalado a Albanese de apoyar abiertamente el antisemitismo y el terrorismo, justificando las sanciones como una defensa de los intereses de EE. UU. e Israel.
Uso de "Lawfare": Washington sostiene que la experta utiliza la "guerra jurídica" para atacar a sus socios estratégicos y que las medidas son "legales y apropiadas".
Respaldo a Israel: Rubio fue tajante al declarar en 2025 que la campaña económica de Albanese contra Israel "ya no sería tolerada".
El caso ha generado una ola de indignación en la comunidad internacional. El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó el asedio contra la relatora como un "precedente peligroso", mientras que organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch condenaron el uso de sanciones —típicamente reservadas para terroristas y criminales— contra una funcionaria de derechos humanos.
Por su parte, Albanese celebró la decisión desde su cuenta de X, calificando el acoso en su contra como "innecesario" y reafirmando que la justicia ha prevalecido sobre el intento de silenciar sus informes sobre los crímenes de guerra en la Franja de Gaza.