Ante la creciente ola de fatalidades de connacionales bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido llevar sus reclamos más allá de las vías diplomáticas tradicionales. La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció este jueves que México, a través de la Fiscalía General de la República, presentará denuncias formales ante diversas fiscalías estatales estadounidenses y el propio Departamento de Justicia para investigar y castigar a quien resulte responsable de estos decesos.
La contundente medida fue detallada en conferencia de prensa por el canciller Roberto Velasco, quien dejó en claro que la estrategia jurídica también contempla emprender acciones civiles directas contra las empresas corporativas encargadas de administrar y operar los centros de detención para migrantes. Esta escalada en la defensa consular se produce apenas unos días después de un trágico operativo registrado en Houston, Texas, donde un agente migratorio disparó contra el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien lamentablemente perdió la vida horas más tarde mientras recibía atención en un hospital de la localidad.
Paralelamente a la inminente batalla en los tribunales estadounidenses, la diplomacia mexicana buscará el respaldo de las máximas instancias multilaterales. El titular de la política exterior adelantó que el gobierno exigirá formalmente a Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que intervenga de manera activa para garantizar la protección y el respeto a la integridad de los mexicanos recluidos en estas instalaciones. A la par, Velasco aseguró que mantener abiertos los canales de diálogo con el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional sigue siendo una prioridad de urgencia instruida directamente por la jefa del Ejecutivo.
El trasfondo de esta inédita ofensiva legal refleja una profunda crisis de derechos humanos en la frontera y al interior del país vecino. De acuerdo con los registros expuestos por las autoridades, al menos diecisiete ciudadanos mexicanos han perdido la vida en redadas o dentro de los centros de detención desde el reciente retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, un mandato que ha traído consigo un drástico y severo endurecimiento de la política migratoria impulsada desde la Casa Blanca.