El Gobierno de México intensificó sus acciones contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas tras la muerte de connacionales en centros de detención, al sumarse a una demanda colectiva en California y denunciar fallas estructurales en el sistema.
A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el país participará como amicus curiae en una acción legal iniciada en enero por familiares de migrantes recluidos en el centro de Adelanto, donde se acusan condiciones que violan estándares internacionales de derechos humanos.
El caso ocurre en un contexto en el que al menos 14 mexicanos han muerto bajo custodia del ICE desde 2025, lo que ha encendido las alertas del gobierno mexicano y motivado reclamos diplomáticos más firmes.
Las denuncias incluyen negligencia médica, falta de atención adecuada, condiciones insalubres y limitaciones en servicios básicos dentro de centros operados, en algunos casos, por empresas privadas.
Autoridades mexicanas sostienen que estos casos no son aislados, sino reflejo de problemas sistémicos en el modelo de detención migratoria en Estados Unidos. Por ello, además de la vía legal, se contemplan acciones diplomáticas y recursos internacionales para exigir rendición de cuentas.
Como parte de la estrategia, México también prevé llevar el tema ante instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y reforzar la protección consular para los migrantes afectados.