El senador y presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, lanzó una dura advertencia contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, acusándolo de fraguar una estrategia de censura hacia periodistas y medios de comunicación críticos. A través de sus redes sociales y en una columna de opinión, el líder priista señaló que los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias, promovidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), son en realidad un mecanismo de control de la información disfrazado de protección ciudadana.
Según el legislador, el peligro central de estas nuevas reglas radica en su profunda ambigüedad, lo que otorgaría a las autoridades un amplio margen de discrecionalidad para determinar qué contenidos mediáticos son considerados "verdaderos" o "descontextualizados". Moreno advirtió que esta facultad recaería directamente en la figura del defensor de las audiencias, un cargo que, desde su perspectiva, terminará subordinado a los intereses políticos del gobierno en turno y no a la sociedad civil.
Otro de los puntos que mayor alarma generó en el dirigente del PRI es el esquema de sanciones económicas contemplado en los lineamientos, el cual plantea multas que podrían alcanzar hasta el 1% de los ingresos totales de los medios de comunicación. Para Moreno, este mecanismo no busca ordenar de manera legítima el ecosistema informativo del país, sino inhibir el trabajo de quienes investigan y cuestionan el actuar de la administración federal mediante el miedo a asfixias financieras. Esta preocupación hace eco de la postura de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), organismo que ha señalado que otorgar ese nivel de discrecionalidad a la autoridad podría resultar inconstitucional y representar un riesgo inminente para la libertad de expresión.
Para dimensionar el riesgo de la medida, el presidente nacional del PRI comparó estas acciones con las tácticas de control empleadas por regímenes de corte autoritario en Venezuela, Nicaragua y Cuba, así como en la Hungría de Viktor Orbán. De acuerdo con su narrativa, en todas estas naciones el sometimiento de los contenidos comenzó bajo el argumento oficial de la "responsabilidad social" antes de derivar en el cierre masivo de espacios a la prensa independiente. Recordando el trágico atentado contra Charlie Hebdo para defender la libertad de prensa a nivel global, Moreno sentenció que el gobierno oficialista "le huye a la crítica" porque, en el fondo, es un gobierno débil cuyo proyecto se está derrumbando, asegurando que el PRI no permitirá que se imponga una "mordaza oficial".
Frente a la escalada de acusaciones por parte de la oposición, el gobierno federal y las autoridades regulatorias salieron al paso para desmentir cualquier intención de coartar la libertad de expresión. Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó los señalamientos de Moreno como "absolutamente falsos", garantizando que en su administración "no hay censura, ni va a haber censura". La mandataria explicó que el defensor de las audiencias no funcionará como un filtro gubernamental, sino simplemente como "un lugar donde te puedes quejar", y que su designación recaerá en las propias empresas concesionarias.
En sintonía con el Ejecutivo, Norma Solano Rodríguez, presidenta de la CRT —órgano que sustituyó al extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)—, subrayó en diversas entrevistas radiofónicas que los códigos de ética y los criterios editoriales seguirán siendo competencia y responsabilidad exclusiva de cada medio de comunicación. Las autoridades recordaron que los polémicos lineamientos aún no han entrado en vigor, ya que actualmente se encuentran en un periodo de consulta pública que arrancó el pasado 27 de julio y conclura el 21 de agosto de este 2026, espacio diseñado para que concesionarios, académicos y organizaciones civiles presenten sus observaciones antes de que se apruebe la versión definitiva del documento.