La reciente propuesta de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, de implementar un censo oficial de periodistas a través de la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), ha provocado un enérgico rechazo por parte del gremio periodístico en la entidad. Diversos comunicadores y directivos de medios coinciden en que, lejos de ser una herramienta de organización, el empadronamiento es un mecanismo diseñado para ejercer control gubernamental, marginar a los críticos y certificar únicamente a las voces afines al oficialismo.
Para Rodolfo Herrera, presidente de la Asociación de Periodistas de Veracruz (APEV), la iniciativa gubernamental tiene una doble intención. Si bien en la superficie podría presentarse como un filtro para identificar a falsos reporteros, en el fondo busca "mantener el control sobre los verdaderos periodistas, sobre las voces críticas".
Esta postura fue secundada por Jorge Faibre, director de noticias de TV Azteca Veracruz, quien respondió a las exigencias de ética y profesionalismo planteadas por la mandataria estatal recordando la naturaleza del oficio: "El trabajo de los medios es justamente ese, cuestionar al poder para que las cosas que no están bien puedan cambiar y, sobre todo, contrastar el discurso con la realidad".
La lectura política de este censo apunta directamente a los próximos comicios. Esperanza Morales, directora del portal digital Infoveracruz y periodista con más de tres décadas de trayectoria, advirtió que esta medida actúa como una extensión de lo que denominó una "Ley Mordaza" impulsada desde el Ejecutivo federal. Según Morales, el censo funciona como un ensayo estatal de cara a las elecciones intermedias de 2027, cuyo objetivo es "sepultar al único contrapeso que tienen y evitar una derrota electoral" acallando a quienes incomodan a la administración.
Por su parte, el experimentado columnista Arturo Reyes Isidoro señaló que la sola propuesta del censo exhibe una deficiencia administrativa. Reflexionó que, a un año y ocho meses de iniciado el actual gobierno, resulta incomprensible que el equipo de comunicación social no cuente aún con un mapeo claro de los medios impresos, digitales, televisivos y radiofónicos del estado. "Sin duda, hay un gran desdén hacia los medios, más hacia los críticos e independientes. No les interesan", fustigó.
Más allá del debate político, los comunicadores alertaron sobre las implicaciones legales y de seguridad que conlleva entregar información confidencial al gobierno. Las principales preocupaciones planteadas por el gremio se centran en:
Discrecionalidad y marginación: La periodista Noemí Valdez Alemán alertó que permitir al poder político definir quién es periodista abre la puerta a la precarización de los independientes y a la legitimación de perfiles a modo.
Inconstitucionalidad: Exigir un registro administrado por el Estado contraviene los tratados internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido reiteradamente que la labor informativa no debe depender de autorizaciones o colegiaciones gubernamentales.
Vulnerabilidad de datos personales: Entregar información como ubicaciones, números de contacto y datos personales al gobierno representa un riesgo latente de filtración hacia actores políticos o criminales.
Sobre este último punto, la columnista Quetzalli Carolina Vázquez recordó que el propio presidente de la CEAPP admitió meses atrás que los organismos internacionales prohíben este tipo de censos. Vázquez cuestionó la viabilidad y seguridad de la medida, lanzando una advertencia clara: "¿Confiamos en que esas listas queden en buenas manos? Dejar datos de cada periodista o comunicador que hay en el estado es un riesgo, puede llegar a manos incorrectas". Finalmente, dejó sobre la mesa la interrogante que define el conflicto: "¿Quién define quién es periodista y quién no?".