Durante la presentación del Índice de Paz México 2026, especialistas señalaron que el año pasado se reportaron alrededor de 35 mil personas como no localizables, de las cuales aproximadamente 12 mil continúan desaparecidas.
El organismo indicó que México atraviesa un momento clave en materia de seguridad y justicia, por lo que consideró necesaria una mayor inversión pública para fortalecer instituciones encargadas de prevención, investigación y atención de víctimas.
A pesar de estas cifras, el estudio destacó que el país registró su mayor mejora en indicadores de paz desde hace 13 años, principalmente por una disminución significativa en el número de homicidios.
Carlos Juárez Collins, director del Instituto para la Economía y la Paz en México, explicó que durante el último año se observó una reducción de 22.7% en homicidios, equivalente a aproximadamente 7 mil asesinatos menos respecto a 2024.
Sin embargo, especialistas advirtieron que la violencia continúa deteriorándose en varias entidades federativas y señalaron que aún persiste un alto nivel de percepción de inseguridad entre la población.
Por su parte, Lucía Carmina Jasso, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que aunque el índice de paz mejoró 5.1%, diez estados del país presentaron un deterioro en sus condiciones de violencia y seguridad.
El informe también alertó sobre problemáticas relacionadas con el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado, el aumento de la extorsión y el crecimiento del tráfico minorista de drogas.
De acuerdo con el estudio, las entidades con menores niveles de paz fueron Colima, Sinaloa y Guanajuato, mientras que los estados con mejores indicadores fueron Yucatán, Chiapas y Tlaxcala.
El documento también destacó que 75.6% de la población mantiene temor frente a la violencia, situación que, según los investigadores, impacta tanto en la calidad de vida como en la economía.
Finalmente, Lucía Carmina Jasso señaló que la violencia representa un costo económico importante para instituciones, empresas y familias mexicanas, con afectaciones estimadas equivalentes al 11% del Producto Interno Bruto del país.