Un informe de The Wall Street Journal revela que la presidenta cuestionó a su gabinete de seguridad por avalar el congelamiento de cuentas de personajes vinculados al gobierno de Baja California sin exigir pruebas a Washington.

La relación bilateral entre México y Estados Unidos enfrenta un nuevo episodio de fricción que ha comenzado a permear en la dinámica interna del gabinete federal. De acuerdo con un reporte publicado este martes por el diario The Wall Street Journal (WSJ), la semana pasada se registró una tensa reunión al amanecer en Palacio Nacional, en la cual la presidenta Claudia Sheinbaum habría cuestionado severamente a sus principales funcionarios de seguridad e inteligencia por acatar la directriz de congelar las cuentas bancarias de exfuncionarios políticos sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El diferendo, que hasta el momento no ha sido confirmado por vías oficiales, habría involucrado directamente al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Según las fuentes familiarizadas con la discusión citadas por el rotativo estadounidense, Sheinbaum dirigió duros reproches a sus colaboradores al considerar que daban por sentada la solidez de las pruebas de Washington. La mandataria habría interpretado la medida como un intento externo por desestabilizar a su gobierno, considerando que la postura de su gabinete excedía los términos de la cooperación binacional, aunque finalmente terminó consintiendo la inmovilización financiera para evitar una ruptura mayor. Analizando esta compleja dualidad operativa, el exjefe de seguridad Alberto Capella expuso al medio extranjero:

"La colaboración con EE. UU. es requisito para lograr resultados, pero los funcionarios de seguridad enfrentan una enorme presión política interna ante escándalos de corrupción".

El origen de esta controversia institucional radica en las sanciones que el Tesoro estadounidense impuso la semana pasada contra 21 personas acusadas de proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa en las fronteras de Tijuana y Mexicali. El principal señalado en este presunto esquema es Carlos Torres, exesposo de la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Las autoridades estadounidenses perfilan a Torres como un operador político que recibía sobornos mensuales para garantizar la impunidad de la organización criminal, recursos que presuntamente eran lavados por su hermano mediante empresas y campañas políticas. Frente a estas acusaciones, el gobierno bajacaliforniano emitió un deslinde categórico, asegurando que la mandataria está legalmente divorciada, que su único vínculo actual es el bienestar de su hijo, y destacando que ella no figura en la lista de sancionados, a pesar de que a ambos se les retiró la visa norteamericana en mayo de 2025.

Buscando matizar el impacto político, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) justificó el bloqueo de las cuentas argumentando que la acción fue estrictamente preventiva tras la detección de "operaciones financieras de riesgo", omitiendo en sus reportes cualquier referencia a vínculos con el crimen organizado. Este reciente episodio, de acuerdo con el análisis del medio estadounidense, se inserta en un contexto de creciente criticismo público por parte de Sheinbaum hacia las políticas punitivas de Washington, sumándose a incidentes previos como el rechazo a la extradición del exgobernador Rubén Rocha, el descontento por la revocación de visas a familiares de la administración pasada y la enérgica defensa de la soberanía nacional proclamada recientemente desde el Zócalo capitalino.