El caso giraba en torno a determinar si la artista debía ser considerada residente fiscal en España durante 2011.
La Hacienda española sostenía que Shakira había permanecido más de 183 días en el país, lo que la obligaría a tributar como residente y pagar impuestos relacionados con ingresos y patrimonio.
Desde el inicio del proceso, la cantante argumentó que durante ese periodo se encontraba realizando una gira internacional, con conciertos en decenas de países, por lo que no residía de forma estable en España.
La Audiencia Nacional respaldó esta postura y concluyó que la artista únicamente pasó 163 días en territorio español durante 2011.
Con la resolución, las autoridades españolas deberán devolverle más de 60 millones de euros, cifra que incluye impuestos reclamados, sanciones, intereses y costos derivados del litigio.
El tribunal también descartó que existieran empresas ficticias o estructuras diseñadas para evadir impuestos, como sostenía la Agencia Tributaria.
Además, consideró insuficientes los argumentos relacionados con su relación sentimental con Gerard Piqué para probar un arraigo fiscal en España durante ese periodo.
Tras conocerse el fallo, Shakira celebró públicamente la decisión y aseguró que el proceso tuvo un fuerte impacto emocional y personal.
La cantante afirmó que enfrentó años de presión mediática, desgaste emocional y afectaciones a su salud y entorno familiar.
La resolución pone fin a uno de los conflictos legales más mediáticos en la carrera de Shakira y podría convertirse en referencia para otros casos similares relacionados con residencia fiscal y figuras internacionales.