La presidenta señaló que corresponde a la Fiscalía garantizar las pruebas en la investigación y que la Marina solo colabora proporcionando información. El titular de Semar afirmó que el detenido tiene derecho a apelar su baja.
En un nuevo capítulo del caso que ha capturado la atención mediática, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió este martes 10 de febrero de 2026 a la carta pública del marino Roberto Farías Laguna, detenido por presuntas irregularidades financieras ("huachicol" fiscal). La mandataria deslindó la responsabilidad de su gobierno, argumentando que la investigación y las pruebas corresponden ahora enteramente a la Fiscalía General de la República (FGR).
Al ser cuestionada sobre las acusaciones del marino de que se le ha negado acceso a la información de su carpeta de investigación, Sheinbaum delineó una separación clara de funciones entre la institución militar y el Ministerio Público.
“Hay que preguntarle a la FGR sobre este caso en particular y otros que tenga, la Marina tiene que darle información a la fiscalía, ya no le corresponde a ellos”
— Claudia Sheinbaum, Presidenta de México.
Esta postura oficial busca trasladar el escrutinio y las preguntas específicas sobre el manejo procesal del caso directamente a la Fiscalía, institución que, según la lógica expuesta, es la encargada de garantizar el debido proceso y la solidez de las pruebas.
El almirante Raymundo Morales, titular de la Secretaría de Marina (Semar), acompañó la postura presidencial al afirmar que la dependencia se limita a colaborar con las peticiones de información de la FGR. Respecto al fondo del conflicto laboral, Morales sostuvo:
Derecho a apelar: Farías Laguna “está en su derecho de apelar la baja” a su cargo.
Causa de la baja: La separación del servicio se debió a que “no cumplen con sus obligaciones en la Marina, porque así lo marca nuestra legislación”, según la versión oficial.
En su misiva dirigida a la presidenta, el marino detenido en el penal del Altiplano acusó a la Marina de incumplir resoluciones judiciales que ordenan entregar información clave para su defensa, fechadas el 10 de noviembre de 2025 y el 22 de enero de 2026.
Argumento de la Marina: Según Farías, la institución se ampara en la “seguridad nacional” para no entregar los datos, a pesar de que el periodo de investigación complementaria está por concluir.
Petición a Sheinbaum: Solicitó su intervención para evitar lo que califica como una “vulneración al debido proceso” y le pidió revisar el caso para constatar el “sin número de inconsistencias y de imprecisiones”.
Este intercambio público subraya la complejidad y sensibilidad de los casos que involucran a militares en procesos penales, donde se entrelazan la justicia ordinaria, la disciplina castrense y la opacidad que suele rodear los asuntos de seguridad nacional, dejando en el aire la pregunta sobre dónde termina una y comienza la otra.