La presidenta Claudia Sheinbaum descartó la mañana de este martes que exista un periodo fatal o una fecha límite para que el gobierno de Estados Unidos entregue a México la evidencia que sustenta las acusaciones en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. La mandataria aclaró que esta misma situación jurídica aplica para los señalamientos que pesan sobre el senador Enrique Inzunza, el alcalde con licencia Juan de Dios Mendívil y otros seis exfuncionarios implicados en el caso.
Durante su encuentro con los medios de comunicación, la jefa del Ejecutivo fue cuestionada sobre los lineamientos del tratado de extradición vigente entre ambas naciones, el cual establece un plazo de 60 días para que las autoridades reciban la documentación probatoria una vez que se concreta la detención provisional de un individuo. Ante el recordatorio de que el próximo 27 de junio se cumpliría dicho lapso desde que se presentó la acusación oficial, Sheinbaum fue tajante al desestimar la urgencia del trámite asegurando que "no hay plazo, habría plazo si fuera un juicio formal de extradición".
En un intento por matizar el requerimiento internacional, la mandataria minimizó la solicitud de detención provisional con fines de extradición, argumentando que este recurso legal fue presentado por una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos y no bajo la figura de un procedimiento judicial consolidado. Además, hizo especial énfasis en que, hasta este momento, las autoridades del país vecino no han entregado las evidencias correspondientes a México, razón por la cual su administración tiene plenas facultades para rechazar la petición de captura preventiva.
Finalmente, Sheinbaum delineó los posibles escenarios legales en caso de que el Gobierno de México decida no proceder con el arresto de los políticos. La presidenta explicó que si su administración opta por la desestimación de esta solicitud ante la carencia de pruebas físicas y documentales, el gobierno de Estados Unidos se vería obligado a cambiar su estrategia jurídica y abrir formalmente un juicio de extradición para poder dar continuidad al proceso.