En una acción coordinada tras las presiones de la justicia estadounidense, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) paralizó las operaciones bancarias de la cúpula política sinaloense. El bloqueo, ejecutado mediante el acuerdo 156/2026, ocurre días después de que se revelara una acusación en Nueva York que vincula a estos personajes con la red de protección de "Los Chapitos".
La mañana de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre este operativo financiero que deja al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza, sin acceso a sus activos. La mandataria optó por la cautela, delegando la responsabilidad de la transparencia a la Secretaría de Hacienda.
El bloqueo no es una sugerencia, sino una orden directa al sistema bancario nacional:
Acuerdo 156/2026: Emitido el pasado 6 de mayo y distribuido a través de la CNBV, obliga a suspender toda operación y congelar activos de manera inmediata.
Alcance familiar: Aunque se rumoró el bloqueo de todos sus descendientes, fuentes confirmaron que, por el momento, solo las cuentas de uno de los hijos de Rocha Moya han sido intervenidas.
Plazo fatal: Los bancos tienen 10 días hábiles para cancelar cualquier relación comercial con los señalados en la lista del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información.
Ante la noticia, la jefa del Ejecutivo federal marcó una distancia institucional:
Desconocimiento técnico: Afirmó que no tenía el dato en particular, subrayando que la UIF opera como un área técnica que procede ante cualquier irregularidad detectada.
Petición de informe: "Les vamos a pedir que informen si es que hubo algo de eso", señaló la presidenta, dejando la puerta abierta a una aclaración oficial por parte de la dependencia.
Respeto al proceso: La mandataria evitó calificar la medida, centrando su discurso en que, de existir anomalías fiscales, la autoridad debe actuar.
Este golpe financiero es la respuesta interna a la tormenta que viene del norte. La Corte del Distrito Sur de Nueva York ha solicitado órdenes de captura con fines de extradición contra los implicados, acusándolos de formar una red de protección política y policial para el Cártel de Sinaloa.
La acusación sostiene que esta estructura no solo facilitaba el tráfico de drogas, sino que servía como un escudo institucional para encubrir operaciones ilícitas. Con las cuentas congeladas, el margen de maniobra de Rocha Moya e Inzunza se reduce drásticamente mientras esperan a que la justicia mexicana, o la estadounidense, dé el siguiente paso.