Aunque la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se encuentra investigando el presunto uso de inteligencia artificial para obtener ventajas indebidas durante el reciente examen de ingreso a licenciatura 2026 —aplicado en línea por primera vez en su historia—, la máxima casa de estudios se enfrenta a un complejo escenario normativo. Especialistas en evaluación educativa han advertido la existencia de un vacío legal, ya que el uso específico de esta tecnología no figura como una causal directa para la anulación de la prueba dentro de la legislación universitaria vigente.
Si bien la Convocatoria del concurso de selección y el Reglamento General de Inscripciones establecen mecanismos estrictos para cancelar registros ante irregularidades que comprometan la equidad del proceso, las prohibiciones son técnicas y tradicionales. Los documentos prohíben expresamente la suplantación de identidad, la interacción con terceros y el uso de dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, relojes inteligentes, audífonos o calculadoras. Sin embargo, no existe ninguna referencia explícita a la inteligencia artificial generativa o a los modernos softwares de asistencia.
Para Horacio Martínez, especialista en evaluación educativa, esta omisión coloca a la UNAM frente a un desafío jurídico y operativo inédito. El experto explica que, al no estar tipificada la inteligencia artificial, cualquier sanción impuesta a un aspirante dependerá de interpretar esta tecnología como "ayuda externa" o equipararla al uso de un "dispositivo no autorizado". Martínez advierte que esta medida es jurídicamente frágil, ya que se castigaría por analogía y no por norma expresa, lo que podría vulnerar el principio de legalidad y el debido proceso de miles de jóvenes, dejándolos en la incertidumbre sobre sus derechos de audiencia. Además, subrayó que el debate invisibiliza la brecha estructural, pues los aspirantes de contextos urbanos o privados llegan con meses de ventaja en el manejo de estas herramientas frente a estudiantes de zonas rurales.
Ante la magnitud de la controversia, voces académicas exigen medidas drásticas. Arcelia Martínez Bordón, investigadora de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, considera que la situación obliga a replantear urgentemente las condiciones de evaluación. La académica sostiene que la UNAM debe reponer el proceso de admisión 2026, argumentando que es inaceptable que quienes cometieron fraude ocupen los lugares de estudiantes honestos que quedaron fuera debido al aumento atípico en el puntaje mínimo requerido. Asimismo, sugirió que la Universidad debería volver a las aplicaciones en sedes presenciales hasta garantizar un entorno libre de trampas.
El caso del examen de la UNAM ha evidenciado que la regulación institucional quedó rezagada frente al vertiginoso avance tecnológico. La actual controversia trasciende a la universidad mexicana y refleja un fenómeno global: los sistemas educativos necesitan actualizarse urgentemente para reconocer los nuevos riesgos asociados a la inteligencia artificial, redefinir la naturaleza del fraude académico y ofrecer mayor certeza jurídica a las futuras generaciones de estudiantes.